Delfino expresó que va a hacerle una demanda penal a la Intendenta por las falsas acusaciones en el CD

Textualmente Ricardo Delfino comentó: "Ante la auditoría que se esta realizando, es mucho mejor para mi, para asi va a quedar en claro que esa plata nunca ingresó a las arcas municipales, ahi se va a saber y voy a limpiar mi nombre y todos los del equipo, el dueño de la empresa se comunicó conmigo y me dijo -vos tenés que estar tranquilo, igual que nosotros, la plata que mandaron desde el IPAV es la que me cumplieron con los pagos a mi, asique de eso no hay nada, lo que yo estoy reclamando yo es la actualización de costos por inflasión que hubo y luego esta que si se quiere seguir con la contrucción hay que cumplir con el porcentaje que restan para finalizarlas". "Yo voy con la denuncia penal, por calumnias, injurias y todo eso, ya una vez que me ensució no le inicié acciones legales, pero dos no, esta mi familia, todo, lo lamento, lo lamento".

Por otro lado, las declaraciones de la Intendenta Graciela López ante el Concejo Deliberante han sido detalladas, resaltando diversos aspectos sobre el estado de infraestructuras y servicios municipales. Entre estos, se destacan las menciones sobre el parque automotor, el mantenimiento de la red rural, los elementos deportivos, el servicio de agua, y las condiciones de algunos edificios municipales, como el "peligro de derrumbe" del archivo municipal, y el estado del lugar donde funcionó el Taller Protegido. Además, López ha enumerado las deudas del municipio, cuestionando la veracidad de un balance firmado por un contador público y señalando la falta de registro de facturas. Ha implicado al ex Intendente Delfino en la gestión financiera del municipio, señalando la desaparición de fondos y la responsabilidad en la situación de endeudamiento.

Estas declaraciones de ambas partes dan cuenta de un enfrentamiento político y legal en curso, que refleja la tensión existente en el ámbito municipal de Catriló. El desarrollo de la auditoría y cualquier acción legal subsiguiente determinarán el desenlace de esta disputa.

En su discurso ante el Concejo Deliberante, la Intendenta desplegó una serie de alegatos acusatorios que abarcaron diversos aspectos de la gestión municipal, exhibiendo un tono injurioso y calumnioso que requiere una consideración minuciosa.

En primer lugar, focalizó su atención en el parque automotor, donde arremetió contra la administración anterior al listar herramientas que, según ella, estaban inoperativas desde antes de la llegada de la gestión actual. Entre estas, resaltó la problemática de unidades sin batería, incluso insinuando la presunta compra de baterías no halladas. Sin embargo, es relevante destacar que al término del mandato anterior, había un inventario de 12 motoguadañas disponibles, contradiciendo la narrativa del inventario entregado en su momento a Delfino.

Asimismo, la Intendenta no escatimó críticas hacia el mantenimiento de la red rural, denunciando la negligencia en la reparación de caminos vecinales que, según ella, se encontraban en un estado deplorable. No obstante, esta afirmación choca con la existencia de certificados de trabajos avalados por la Dirección de Vialidad Provincial, lo que sugiere un esfuerzo previo por parte de la gestión anterior en este ámbito.

En lo que respecta a los elementos deportivos, se sembró una sombra de duda al insinuar la desaparición de ciertos materiales, a pesar de haber recibido un inventario detallado. Este punto merece una investigación más profunda para determinar si hubo malversación o si existen discrepancias en el registro de los recursos.

La cuestión del servicio de agua también fue objeto de críticas, con la Intendenta lamentando la falta de control y mantenimiento del sistema de automatización, lo que, según su argumento, contribuyó a la escasez de agua en la localidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta las inversiones substanciales realizadas en 2019, las cuales incluyeron la instalación de una planta de ósmosis inversa con el objetivo de mejorar la calidad y provisión de agua.

En lo referente a la infraestructura municipal, se destacó la preocupación por las condiciones precarias de algunos edificios, como el supuesto riesgo de derrumbe del archivo municipal. No obstante, estas afirmaciones deben ser contrastadas con las inversiones previas realizadas para mejorar la infraestructura, como la instalación de la Unidad Local de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Taller Protegido en 2021.

Por otra parte, el estado del Hogar San José fue objeto de señalamientos, atribuyendo la responsabilidad de su situación a la administración anterior, a pesar de la existencia de comisiones trabajando en su gestión desde 2019. Este punto plantea interrogantes sobre la eficacia de dichas comisiones y la supervisión de la gestión de los recursos asignados al hogar.

Finalmente, la Intendenta enumeró una serie de deudas y cuestionó la veracidad de un balance contable, acusando a la gestión anterior de ocultar una deuda significativa. Entre estas cifras destacan una deuda de $349.328.045,70 que tendría el municipio, así como la falta de registración de 29 facturas. Estas acusaciones sugieren un desleal acto tendiente a ocultar la verdadera deuda que tiene el municipio y plantean la necesidad de una auditoría detallada para esclarecer la situación financiera municipal.