La respuesta del abogado del Municipio deja expuestas a la Intendenta y la Secretaria

El primero, vende servicios tecnológicos al municipio pero facturó la supuesta compra de elementos deportivos (ꜱᴇɢúɴ ᴇʟ ᴇxᴘᴇᴅɪᴇɴᴛᴇ, ꜱᴇ ʀᴇᴀʟɪᴢó ᴜɴᴀ ᴄᴏᴍᴘʀᴀ ᴅᴇ ᴇʟᴇᴍᴇɴᴛᴏꜱ ᴅᴇᴘᴏʀᴛɪᴠᴏꜱ ᴄᴏɴᴏꜱ, ᴀʀᴏꜱ, ᴠᴀʟʟᴀꜱ, ᴋɪᴛꜱ ᴅᴇ ᴇɴᴛʀᴇɴᴀᴍɪᴇɴᴛᴏ ᴀʟ ᴘʀᴏᴠᴇᴇᴅᴏʀ ꜱᴀᴍᴜᴇʟ ᴄᴇʀᴅᴀ ᴄᴏɴ ʙᴏʟᴇᴛᴀꜱ ᴄᴏɴꜱᴇᴄᴜᴛɪᴠᴀꜱ ᴘᴏʀ ᴜɴ ᴍᴏɴᴛᴏ ᴄᴇʀᴄᴀɴᴏ ᴀ ʟᴏꜱ $𝟤.𝟧𝟢𝟢.𝟢𝟢𝟢), y el otro caso es Paiva, quien, estando vinculado como jornalero, vendió unos 15 refugios de madera recuperada por un valor de $2.496.789, a razón aproximada de $166.452 cada uno, cuando a la misma fecha de venta en Mercado Libre por unidad se los encontraba no menos de un 45% más baratos, mucho menos por una compra al por mayor. De esta misma forma se habría facturado muebles para el Hogar San José, y hay sospechas de que la casilla que está en el basurero municipal, donde aparentemente la Intendenta permite que una persona la habite como casa, se utilizó la misma forma de facturación incompatible.

Por esta razón, el Concejo, por unanimidad, solicitó un pedido de informes sobre el tema y, además, un dictamen jurídico al abogado del municipio, quien le dio la razón al Concejo al señalar que la situación es errónea. Vale la pena aclarar que se justifica esta irregularidad alegando que la figura del jornalero no está reglamentada, y fue justamente la Intendenta quien vetó la aprobación de la Ley 643, que ahora le sirve como respaldo temporario.

El Dictamen jurídico, el asesor legal de la Municipalidad, 𝙚𝙡 𝙖𝙗𝙤𝙜𝙖𝙙𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙚𝙡𝙤 𝙈𝙤𝙡𝙞𝙣, Tomo Cuarto, Folio 100, se dirige usted, Sr. Presidente del Concejo Deliberante bautista Cestac Cufré, la presente en respuesta a la consulta realizada sobre la compatibilidad o incompatibilidad del señor Sebastián Paiva para contratar con el Municipio de Catriló. Se advierte que el proceso de contratación sometido a consulta se encuentra impregnado de algún error que debe subsanarse para futuras contrataciones. En efecto, si bien es cierto que el señor Sebastián Paiva, DNI XX.XXX.XXX, se encuentra contratado por la Municipalidad de Catriló dentro del esquema de jornalero, y a su vez ha emitido facturas al municipio en carácter de proveedor (sin habilitación municipal), al no encontrarse la figura de jornalero debidamente reglamentada, impide tal circunstancia la clasificación automática de incompatibilidad en las funciones. Ello sin perjuicio de reconocerse la inconveniencia de contratar servicios en tal situación, dado que genera una situación que puede dar lugar a confusión. Se sugiere evitar para el futuro situaciones similares. Atentamente, Firma el abogado Marcelo Juan Molín.

𝙇𝙖 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙣𝙙𝙚𝙣𝙩𝙖 𝙖𝙜𝙧𝙚𝙜𝙖:
Con el objeto de responder la consulta realizada mediante Resolución 7/25 del Concejo Deliberante, cumplo en señalar que, si bien se advierte que el proceso de contratación sometido a consulta se encuentra internado de algún error que debe subsanarse para futuras contrataciones, no ha generado ni causado perjuicio alguno municipal (el no pago de la habilitación municipal, es suficiente perjuicio, sino que no cobren ninguna). En efecto, si bien es cierto que el señor Sebastián Paiva se encuentra contratado por la Municipalidad de Catriló dentro del esquema de jornalero, y a su vez ha emitido facturas al municipio en carácter de proveedor, al no encontrarse la figura de jornalero debidamente reglamentada, impide tal circunstancia la clasificación automática de incompatibilidad en las funciones.
Habiendo pronunciado nuestro asesor jurídico ante la consulta respectiva —la que de ninguna manera resulta vinculante para la suscripta—, se hace saber que, sin perjuicio de que se reconoce la inconveniencia de contratar servicios en tal situación dado que genera una situación que puede dar lugar a confusión, se arbitrará medidas para evitar en el futuro situaciones similares.

Junto a esta respuesta le envío dictamen del Servicio Jurídico Permanente del Departamento Ejecutivo. Aprovecho la ocasión para saludarlos cordialmente. Firma la señora Graciela López.

𝙇𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙘𝙚𝙟𝙖𝙡𝙖 𝘼𝙮𝙡𝙚𝙣 𝘿𝙚 𝘽𝙚𝙩𝙛𝙤𝙧𝙙 𝙧𝙚𝙨𝙥𝙤𝙣𝙙𝙚:
Sí, si bien va a pasar a comisión, para obviamente analizar nosotros las respuestas y en base a eso analizar qué acción vamos a tomar. Manifestar ante la respuesta por escrito que, por ejemplo, en el punto 3, sí es cierto que Cerda es un proveedor de vieja data, pero a nosotros, como Concejo, u hoy como gestión actual, no nos interesa qué hacía otra gestión anterior, si analizaban el balance como lo hacemos nosotros o no. Claramente, como lo hacemos nosotros, está bien, porque en este caso, de hecho, hasta nos dan la razón de que en un futuro esto no va a volver a pasar, porque es algo que está mal hecho.

Eso es una cuestión. Y otra cuestión también diferente es que, si bien además el mecanismo está mal, anteriormente —como él manifestaba también en una reunión— él arreglaba, o se dedicaba a arreglar máquinas, o a prestar servicios de proveedor, de asesor de internet o… bueno, no puedo especificar bien qué hacía porque ni siquiera está inscripto como tal en la AFIP. En ese caso, se realizaban trabajos que estaban relacionados a la tecnología, y las compras que había dentro de sus órdenes de trabajo eran cuestiones o elementos relacionados a la tecnología. En este caso, nosotros justo observamos porque ni siquiera eran objetos relacionados a su área, sino a Deporte, y aprobada —según dice ahí la orden de trabajo— por la señora Directora de Deportes, Romina Abarca (quien renunció al cargo pero seguiría como "asesora", según la palabra de la Intendenta, sin aclarar si cobra o no por ese "asesoramiento" a larga distancia). Eso es para aclarar que a nosotros como gestión —o por lo menos a mí personalmente— no me interesa qué hacía la gestión anterior, donde no éramos funcionarios, ni dentro del gobierno, ni tampoco éramos concejales. Así que no va a ser algo que nos respalde o nos tenga que vincular específicamente a nosotros.

Por otro lado, me llama poderosamente la atención que la Sra. Secretaria, quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo su trabajo conforme a la ley, diga o se respalde no justamente en una ordenanza o normativa, sino en cómo le dijo el proveedor que él antes hacía. Y como ella lo sigue haciendo, porque es como no —es por desmerecer a Cerda justamente— pero Cerda hoy no es nuestro Secretario de Hacienda. Es decir, que si viene el vecino al frente y me dice que liquidaba así o facturaba así, y eso está mal, pero yo solamente me respaldo en eso, no averiguo, no me informo, no tengo conocimiento, no tengo expertiz, y lo hago como el vecino me dice… está mal. Porque ella es la funcionaria, y tiene que tener el expertiz, el conocimiento y la información, y por algo tiene la responsabilidad de esto. Que se haya pagado lo que Cerda le manifestaba, no es una responsabilidad de Cerda, sino una responsabilidad de la Secretaria. Quiero que quede claro.

En el punto 6 se habla de unos caniles que se compraron, o se hicieron y demás. Nosotros en algún momento hicimos un pedido de informe sobre un eventual futuro o posible refugio canino. En base a ese pedido de informe —no sé si recuerdan acá todos— pero hace muy poquito, vino el señor Director del Medio Ambiente Lucas Paiva (hermano del jornalero proveedor) y él nos expresó que NO HABÍA ningún hogar o refugio habilitado. Entonces, ahí sí, también, es una cuestión que hoy no va o no va a revestir ningún punto importante, pero sí quiero que quede claro que no coincido, que sí, para nosotros, esto causa un perjuicio económico. Porque si no tenés un refugio habilitado, si no tenés un refugio en actividad —que de hecho entiendo que también hubo denuncias sobre esos refugios, por el lugar en donde está funcionando, las condiciones y demás— para mí hay un perjuicio económico, porque estamos contratando —encima mal, como después vamos a hablar sobre el dictamen jurídico— a un jornalero para que haga refugios o caniles y encima no se usan. Esos caniles están allá, a la intemperie; de hecho, se ven. Son de madera, o sea que se pierden con las inclemencias del tiempo, no está habilitado, no hay un proyecto y eso, así, se pierde y no se usa.

¿Quién administra los fondos de la Municipalidad? Es la señora Intendenta, Graciela López, es la que administra los recursos municipales. Y si lo hace la persona en particular, que es la Secretaria, hoy nosotros —como concejales— no podemos oponernos a que se manejen los fondos municipales de una manera inconveniente, pero sí dejar de manifiesto que esto no es conveniente para nada. Esto es, de hecho, un gastadero de plata total —por decirlo de alguna forma— con algo que ni siquiera lo vamos a utilizar, ni siquiera lo vamos a habilitar y que de hecho ya tiene denuncias sobre sus condiciones.

Y respecto al dictamen jurídico, voy a hacer solo alusión a que la Sra. Intendenta, Graciela López, manifiesta que de ninguna manera le resulta vinculante al dictamen. Y no, no resulta vinculante, porque esta respuesta que le da el Dr. Marcelo Molín no fue vinculante al momento de liquidar lo que estaba mal, porque no se consultó, quiero entender. Porque hoy se dieron cuenta de que estaba mal porque nosotros hicimos un pedido de informe, que en ese pedido de informe o resolución, nosotros solicitamos un dictamen jurídico, donde el abogado de la municipalidad dictaminó que estaba mal. Entonces, no, no es vinculante, porque tampoco es correlativo al tiempo: hicieron las cosas mal, vino el dictamen y se acompañó el dictamen. No hay forma de que este dictamen sea vinculante, porque antes ya se había hecho de manera errónea.

Y por último, sugerir que lo que no se sepa se levante el teléfono y se consulte a los asesores jurídicos y contables, que para eso se los paga desde el municipio. Es por estas razones que solicito que se pase a comisión, y en comisión se analicen, o cada concejal analice, las acciones a seguir sobre estos casos, por unanimidad pasó a comisión.