Hospital de Pellegrini: Controversia en torno a la Ordenanza 1821/2023 sobre Tarifas en la Atención Médica

Antecedentes: Los Concejales de Unión por la Patria descubrieron el presunto conflicto constitucional al trabajar en dos ordenanzas municipales. A pesar de su denuncia, la ordenanza fue aprobada por la mayoría de los concejales y entró en vigencia tras su publicación en el boletín oficial.

Argumentos y Pruebas: Los concejales presentaron pruebas que respaldan la inconstitucionalidad del artículo, incluyendo testimonios, transferencias bancarias y comprobantes de pagos de aranceles en el hospital municipal. Se critica la categorización de pacientes según su capacidad de pago, contraviniendo la Constitución provincial que establece la gratuidad y acceso igualitario a la salud en hospitales públicos.

Acciones Tomadas: Se destaca la presentación de una nota al poder ejecutivo por parte del órgano de fiscalización del Ministerio de Salud para garantizar la gratuidad de los hospitales públicos. Aunque la ordenanza se implementó en concordancia con el Ministerio de Salud, se cuestiona su legalidad y la falta de notificación al Ministerio sobre cambios en la política de tarifas.

Postura del Ministerio de Salud: El Ministerio de Salud emitió una resolución en 2022 advirtiendo sanciones para los hospitales municipales que cobren, indicando que los cobros son inconstitucionales. A pesar de la actualización de tarifas, el Ministerio considera que siguen siendo inconstitucionales y amenaza con revocar la habilitación del hospital.

Próximos Pasos: Se espera una sesión extraordinaria en los próximos días para abordar el tema. Los concejales están dispuestos a colaborar, pero la decisión final recae en el poder ejecutivo municipal. Se menciona la posibilidad de una denuncia penal contra funcionarios que promuevan normativas contrarias a las leyes vigentes, respaldada por el artículo 238 del código.

Conclusiones: La situación planteada refleja un conflicto entre la ordenanza municipal y las disposiciones constitucionales sobre la gratuidad en la atención médica. La falta de consenso entre los concejales y el Ministerio de Salud, así como las posibles consecuencias legales, resaltan la necesidad de abordar la situación de manera colaborativa y en concordancia con las leyes vigentes.