El área con aplicación de fitosanitarios en Catriló sería del 35%
La aplicación de la Ley 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas, sancionada en 2020 y cuya reglamentación se aborda en estos días en el marco del Consejo Consultivo creado para ese fin, generaría un perjuicio económico a los productores rurales de casi 53.000 millones de pesos solo a partir de la prohibición de la aplicación de fitosanitarios a menos de 500 metros de las zonas urbanas.