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El valor del contrato sería de 3.000.000 de pesos, con una vigencia de 90 días. Sin embargo, no se entregó en ese momento el contrato de Agustina Díaz, quien actuaría como auditora asistente, ni se informó sobre el valor de dicho contrato.
Los documentos administrativos fueron remitidos a la Comisión 2, quienes empezaron a notar algunas irregularidades como la falta de hojas. La resolución firmada por la Intendente no concuerda exactamente con el contrato firmado por Pereyra y López, el cual fue certificado por la Jueza de Paz, Milagros Martínez. Por un lado, se menciona que el valor total de la auditoría sería de 3.000.000 de pesos, con la entrega del informe en 90 días (se solicitó una prórroga), pero en el contrato se especifica que el monto es de 3 millones por mes, lo que elevaría el costo total de la auditoría a 9.000.000 de pesos. Tampoco se encuentra el contrato de Díaz según la información que tenemos; aparentemente, Agustina Díaz no estaría participando en la auditoría de la gestión Delfino, aunque su nombre sí fue mencionado en la resolución leída en el Concejo.
Un tema que el Concejo debería investigar es si realmente se vendieron elementos como baterías para pagar horas extras a un empleado al que le habían liquidado incorrectamente su salario. Se dice que la venta se habría realizado al mismo chatarrero que está sospechado de haber adquirido las placas recordatorias producto de un robo en el cementerio. Además, en otro momento se vendieron chapas patentes de vehículos secuestrados que estaban en depósito en el Área de Tránsito, lo cual ha generado una denuncia policial y la investigación de tres empleados.
