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En medio de posibles renuncias de dos concejales —entre ellos el viceintendente y la reemplazante de la ya renunciada Gabriela Canavero—, los concejales del PRO y del Peronismo solicitaron la creación de una Comisión Investigadora contra la intendenta de Catriló, Graciela López, y su equipo de Hacienda y Gobierno,

Política08/10/2025RADIO FUSIÓN CATRILÓRADIO FUSIÓN CATRILÓ

A raíz de un conjunto de “irregularidades verificadas en el desenvolvimiento administrativo y financiero” que, según argumentan, comprometen los principios de legalidad y transparencia.

En una publicación del Diario de Santa Rosa, informaron que hay un pedido, amparado en el Artículo 119 de la Ley Orgánica de Municipalidades (N.º 1597), surge como respuesta a lo que califican como una “conducta omisiva y opaca” del Departamento Ejecutivo, pese a múltiples observaciones, pedidos de informe y sanciones previas.

El Concejo Deliberante de Catriló deberá resolver sobre la creación de dicha Comisión, que tendrá un plazo de sesenta días hábiles para investigar los hechos y emitir un dictamen. Su alcance será exclusivamente administrativo, aunque deberá dar intervención judicial si detecta posibles delitos.

El proyecto de resolución incluye un extenso detalle de las irregularidades que motivan el pedido. Los fundamentos señalan incumplimientos sistemáticos en materia contable, falta de transparencia en las contrataciones y ausencia de respuesta a los mecanismos de control del Concejo.

Algunos de los puntos de gravedad se vinculan a la aparición de una factura cuyo titular negó hacer un trabajo que habría sido realizado y cobrado por un tal Lescano, además, pagos a un proveedor de apellido Cerda, que brinda servicios de computación pero que facturó elementos deportivos, también, contrataciones directas que involucran a un proveedor de apellido Paiva, quien además es empleado municipal jornalizado y hermano del Director de Ambiente Municipal.

Las órdenes de provisión, emitidas sin habilitación comercial, fueron autorizadas por su propio hermano y refrendadas por las Secretarías de Hacienda, Gobierno y la Intendenta, a pesar de las advertencias de la asesoría letrada municipal.

Los concejales denunciaron también pagos por montos que, sumados en un mismo mes, excedían los límites establecidos para las contrataciones directas, así como un posible fraccionamiento intencional de obras —como Propays o Acueducto Norte— en múltiples facturas de montos similares para evadir los procesos de licitación.

En segundo término, se expusieron reiteradas violaciones a la Ley de Contabilidad. Entre ellas, rendiciones mensuales rechazadas por uso indebido de fondos con asignación específica, sin comunicación previa ni respaldo documental; contrataciones directas por “urgencia” que no se justificaron en los hechos, ya que un año después el sistema de agua potable aún no funcionaba; y falta de transparencia en la ejecución del Programa de Mejoramiento del Parque Automotor, por 154 millones de pesos, sin las autorizaciones de compra exigidas ni información sobre el destino de los fondos.

Otro de los ejes del pedido apunta a irregularidades en el área de Personal y Pagos: continúan los ingresos de empleados municipales sin respuesta a los pedidos de informe sobre nómina, funciones o mecanismos de contratación, además de registrarse demoras y fraccionamientos en el pago de haberes, lo que contradice el discurso de austeridad del Ejecutivo.

Finalmente, los concejales señalaron “desconocimiento funcional y falta de control”. Denunciaron que el municipio cobró las cuotas de las viviendas sociales del Plan Mi Casa, pero no las depositó en la cuenta correspondiente hasta que el Concejo lo requirió por unanimidad. También detectaron una factura emitida por un proveedor que no habría realizado los trabajos, intentando cobrar a nombre de otra persona, lo que derivó en una “confusa y contradictoria explicación” y evidenció una “falta de control” de las secretarías involucradas.

El artículo del medio Capitalino, concluyó que este “deterioro sostenido del orden institucional” exige activar la Comisión Investigadora para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas, políticas y/o funcionales que correspondan.

Consultados los presidentes de los bloques del Peronismo y de Juntos por el Cambio, aseguraron que ellos no filtraron la información que se va a tratar esta noche en el marco de la reunión 23 del Concejo, indicaron que además lo publicado es un proyecto viejo, y el que se tratará con como 6to. tema esta mas actualizado.

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