Catriló: el Concejo Deliberante impulsa una comisión investigadora sobre la gestión municipal

Lo hicieron conforme lo establece el artículo 119 de la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 1597, con el objetivo de analizar una serie de irregularidades administrativas y financieras detectadas en la actual gestión municipal encabezada por la intendenta Graciela Nidia López.

El proyecto se fundamenta en sucesivas observaciones y rechazos de rendiciones de cuentas correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Según el texto, el cuerpo deliberativo habría verificado omisiones en la presentación de documentación, contrataciones directas irregulares, pagos a proveedores sin habilitación comercial, fraccionamientos de gastos y manejo inadecuado de fondos con destino específico.

Entre los antecedentes más relevantes se mencionan resoluciones del Concejo que aprobaron rendiciones con observaciones y otras que fueron directamente rechazadas por distintas causas: falta de transparencia en los gastos, utilización de fondos con asignación específica para otros fines, contrataciones sin respaldo contable o con proveedores vinculados familiarmente a funcionarios municipales.

El proyecto también detalla que la Cuenta de Inversión 2025 fue presentada fuera de término y con reestructuraciones sin respaldo administrativo, mientras que los presupuestos municipales y rendiciones mensuales se habrían entregado con demoras o sin respuesta a los requerimientos formales del Concejo. A su vez, se enumeran sanciones disciplinarias a funcionarios del gabinete, entre ellas a la secretaria de Hacienda, la secretaria de Gobierno y la propia intendenta, por irregularidades en la rendición de noviembre de 2024.

El texto señala que el Concejo “ha desarrollado un accionar institucional escalonado, razonable y progresivo”, pero que, ante la persistencia de irregularidades, se ve obligado a activar un mecanismo de control más severo. En ese sentido, la comisión investigadora tendrá la misión de esclarecer hechos vinculados a la contratación de proveedores, el uso de fondos públicos y la legalidad de diversos actos administrativos.

Entre los puntos a investigar figuran contrataciones directas repetidas con un mismo proveedor sin habilitación, fraccionamientos artificiosos de gastos en obras públicas, falta de información sobre el destino de fondos del Programa de Mejoramiento del Parque Automotor, incorporaciones de personal sin registro formal, irregularidades en el cobro de cuotas del Plan Mi Casa, y una factura emitida por un proveedor que no habría realizado los trabajos declarados.

El proyecto aclara que la comisión actuará exclusivamente en el ámbito administrativo y que, de encontrarse conductas que pudieran constituir delito, se dará inmediata intervención a la Justicia.

Según la propuesta, la comisión estará integrada por tres concejales titulares designados por votación en sesión pública, procurando respetar la representación proporcional del cuerpo. Tendrá un plazo de sesenta días hábiles para emitir dictamen, prorrogable mediante resolución fundada.

Con esta medida, el Concejo Deliberante busca esclarecer y documentar los hechos mencionados, asegurando el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y control institucional que rigen la administración pública local.