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Tensión en La Pampa por la posible reglamentación de la Ley de Agroquímicos

La provincia de La Pampa está atravesando un momento de fuerte polémica tras la noticia de que el Gobierno provincial está evaluando avanzar con la reglamentación de la Ley 3.288 de Gestión Integral de Plaguicidas, sancionada en noviembre de 2020 pero que hasta ahora no había sido aplicada formalmente.

Provinciales09/06/2025 Bichos de Campo
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Esta ley, que originalmente establecía un plazo de 120 días para su reglamentación, ha quedado pendiente por más de cuatro años, y ahora la intención de avanzar genera un gran rechazo entre los productores rurales, las entidades del agro y varios legisladores provinciales.

Entre las principales disposiciones que preocupan al sector productivo se encuentran:
Prohibición de la aplicación aérea de agroquímicos en un radio de 3.000 metros alrededor de cuerpos de agua, ríos, arroyos, lagunas y zonas urbanas o rurales con población.
Prohibición de la aplicación terrestre en un radio de 500 metros desde esos mismos perímetros, lo que podría dejar miles de hectáreas fuera de uso productivo.

La ley no define con claridad qué se considera un "curso o cuerpo de agua", lo que genera incertidumbre sobre las áreas afectadas. Se impone una carga burocrática elevada, con numerosos registros y controles para productores, técnicos, aplicadores y distribuidores, además de la obligación de conservar documentación durante cinco años.

Productores y asociaciones como Carbap, Federación Agraria Argentina (FAA), Aapresid y ApaLp han expresado públicamente su rechazo, calificando la reglamentación como “inconsistente”, “excesivamente burocrática” y “perjudicial para la producción agropecuaria”. Además, advierten que esta reglamentación podría criminalizar al productor y generar un escenario de conflicto legal.

Legisladores provinciales de la oposición y del peronismo disidente también presentaron una resolución para pedir que el Ejecutivo se abstenga de reglamentar, argumentando que al haberse vencido el plazo legal establecido en la ley, cualquier acto reglamentario sería “viciado” y susceptible de impugnación judicial.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Producción, Fernanda González, confirmó que se está evaluando avanzar con la reglamentación, subrayando la importancia de ordenar el uso de agroquímicos para proteger la salud pública y el medio ambiente.
 

Fuente: Bichos de Campo

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